“No tengo dinero”, es el argumento que dan tres reclusos de la cárcel de San Antonio, detenidos por haber incumplido con el pago de la asistencia familiar fijado por el juez.
Al margen de esta dificultad, la desvinculación con los hijos durante meses, e incluso años, es un patrón que se repite en estos progenitores.
Marcelo (nombre que guarda en reserva su identidad) tiene 52 años y cinco hijos con los que mantenía una buena relación, que se rompió desde que fue encarcelado.
Tiene la mirada perdida en el piso de su celda, una habitación de unos 15 metros cuadrados, e intenta rememorar su historia. Se remanga el pantalón y muestra una herida en la pantorrilla, causada por una caída en su trabajo.
Hasta hace poco más de un año trabajaba como albañil, pero una caída en el trabajo le impidió continuar con esta actividad.
“Estuve en cama bastante tiempo. Con mis ahorros lo único que pude hacer fueron las curaciones con médicos de Cliza. Me siento mejor, pero no estoy recuperado aún”.
Su deuda por asistencia familiar se acumuló hasta alcanzar 19 mil bolivianos, en un año y tres meses.
Desde que se separó de su esposa, hace 10 años, siempre había cumplido con el pago de la asistencia familiar, hasta que sufrió el accidente. Reconoce que uno de sus errores fue haber entregado el dinero directamente a sus hijos.
“Confiaba en ellos. No pedía recibos y les daba 800 bolivianos. Solo mantengo a tres. Los otros dos ya están casados”.
Marcelo trabaja ahora en la zapatería del penal para tener dinero que le ayude a pagar un abogado y cubrir algunos gastos. Pidió ayuda a sus parientes para que le faciliten un préstamo y así poder entregar por lo menos ocho mil bolivianos por las pensiones y cancelar el resto de la deuda en plazos.
UNA LECCIÓN
Mateo (nombre que guarda en reserva su identidad) tiene 31 años y una hija de 11 a la que no ve desde hace tres años.
Su deuda por el pago de asistencia familiar suma 21 mil bolivianos.
Un día, mientras caminaba por la calle, fue sorprendido por policías que le advirtieron: “O paga su pensión o va a la cárcel”.
Hasta ese día, Mateo conducía un vehículo de transporte público.
Dejó de pagar pensiones porque no podía ver a su hija. La madre de la niña había viajado a la Argentina hace tres años y se la encargó a la abuela, que no le permitía verla, cada vez que intentaba hacerlo.
Cuando la citación de la deuda le llegó a su casa, jamás pensó que terminaría en la cárcel.
“El día que me arrestaron (hace tres meses) la madre de mi hija estaba ahí y me dijo que tengo que aprender. Le pedí que me espere, pero no quiso”.
Oriundo de Oruro, Mateo tuvo que avisar a sus padres la situación por la que estaba atravesando. Hasta ahora espera su visita para que puedan ayudarle a pagar la cuenta, pues solo de ese modo podrá dejar la cárcel.
“Lo poco que ganaba como chofer era para pagar mi vivienda y mi comida. No me olvidé de mi hija, no es que no quiera pagar, no supe nada de ella hace tres años y no tengo dinero ahorrado para cubrir la asistencia familiar. Me tengo que prestar de mis papás”.
Mateo costura en el penal pelotas de fútbol. Le pagan cuatro bolivianos por cada una. Este dinero no le alcanza, a veces, ni siquiera para comprarse un plato de comida. Afirma que necesita su libertad para salir a trabajar y responder a la demanda de asistencia familiar.
UNA VENGANZA
Iván (nombre que guarda en reserva su identidad) tiene 62 años, está separado de su esposa y alejado de sus siete hijos, desde hace 20 años.
Cinco de sus hijos son mayores de 25 años y no reciben pensiones. Solamente dos de ellos, de 22 y 24 años, que estudian en la universidad, son por los que él debe responder.
Sus dos hijos menores le iniciaron la demanda de asistencia familiar, “influenciados por su madre, obviamente”, afirma.
Su deuda es de 85 mil bolivianos. Lleva cinco meses recluido en el penal de San Antonio.
Espera cumplir los seis para poder acceder a un acuerdo que le dé la posibilidad de pagar una parte de la deuda.
“Por lo menos la mitad me voy a prestar porque no tengo ahorros. No estoy aquí porque quiero, no tengo dinero”, cuenta.
La deuda que acumuló por la asistencia familiar es de aproximadamente 10 años y hace como cinco que dejó de trabajar como técnico de planimetría.
“A mi edad ya es muy difícil conseguir trabajo, pero voy a hacer lo que pueda para conseguir ingresos y salir”.
Para él, la relación con sus hijos está rota. Dice que siempre se llevaron bien y que les entregaba el dinero sin recibos, porque confiaba en ellos y nunca imaginó que lo harían encerrar en un penal.
Manifiesta que si deja la cárcel hará el pago, pero después iniciará una demanda para que ellos lo mantengan.
“Ya estoy viejo. No tengo fuerzas y sigo manteniendo a mis hijos. Creo que ha llegado la hora en la que ellos se hagan cargo de mí, por mi edad aunque el cariño y la confianza ya no son los mismos”, puntualiza.
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