En Cochabamba, ocho son las ancianas que quedaron en la cárcel tras el esperado proceso de indulto, dos de ellas en Quillacollo y seis en Cercado. Engorrosos trámites sumado al abandono de familiares y amigos acaban con sus esperanzas de salir libres a disfrutar sus últimos días de vida en libertad.
“Jamás imaginé terminar mis días aquí. Yo como abuela debería estar con mis hijos, mi nieto... pero estoy condenada a 30 años. Si me alcanzará la vida para volver a estar afuera”, suspira Martha P. abrumada por su suerte.
Hace 5 años y 7 meses que ingresó a la cárcel junto a su marido, sus tres hijos, su nieta y el esposo de su nieta, todos incriminados en el mismo delito y con la misma pena de 30 años. Dos de sus hijos fueron enviados la cárcel de El Abra, su hija y nieta a San Pablo Mujeres, su esposo y la pareja de su nieta a San Pablo Varones.
“Nos culparon de la muerte de una comerciante. Cuando nos preguntaban yo ni sabía hablar, no sabía nada de leyes, y directo nos metieron a todos adentro”, lamenta.
Hace poco su esposo recluido murió consumido por una enfermedad, y teme correr la misma suerte. Sus hijos fueron abandonados por sus parejas y aún dependen de la madre para que pueda vender los trabajos de carpintería que realizan en el penal.
“Si yo me muero quién los va a ayudar”, se pregunta.
Hasta hace poco trabajaba atendiendo las cabinas telefónicas en el penal, pero el cruce de aire en ese lugar le deterioró los pulmones además que su pérdida gradual de la vista le impedía devolver correctamente el cambio y terminaba perdiendo.
“Ahora no hago nada”. Sus compañeras la ven pasando sus días sola, pues prefiere no tener amigas para no tener problemas.
El psicólogo de Régimen Penitenciario Hernán Mérida señala que el golpe de ingresar por primera vez a una cárcel es más duro para una mujer de la tercera edad por las secuelas que deja. “Estas personas se deprimen, se aislan y vienen las alteraciones somáticas, les duele todo y siempre están con algún malestar”, explica.
En la experiencia de la reclusión, existen tres momentos de mayor afectación a nivel emocional; el de la detención, la lectura de la sentencia y el abandono de la familia, según resalta la responsable de la Pastoral Penitenciaria del Arzobispado, María Ángeles Gonzales.
“Cuando me detuvieron llegué atontada. Casi todo un año me la pasé llorando”, recuerda Isabel L.M. a quien todavía no le cesan las lágrimas.
“Si nunca has pisado una cárcel llegas con miedo. Yo escuchaba que las prostituían en el penal de varones, que habían puras mujeres tajeadas (con cicatrices en el rostro) y que te pegaban o robaban”, dice la delegada del penal San Pablo de Quillacollo, (que prefiere guardar en reserva su nombre), al señalar que no todas las personas son así.
“Es una pena porque en tu mayor desgracia siempre esperas el apoyo de la familia, pero a ella por ejemplo, teniendo hijas la abandonaron y hace un año que nadie la visita”, cuenta la compañera de celda de Isabel.
A muchas el estigma de que quien está en la cárcel es delincuente o criminal les ha mutilado la vida completa, como sucedió con María D.L. quien ingresó al penal junto a su esposo por intrigas de dirigentes en su comunidad a raíz de un problema de linderos.
“Cuando ella volvió a su comunidad, el dirigente se había adueñado de todo y la comunidad la echó diciendo que no querían maleantes viviendo con ellos”, recuerda una de las internas en Quillacollo.
La delegada del penal en Quillacollo señala que las únicas personas que permanecen son, un 70 por ciento delincuente con mucha trayectoria que entra y sale del penal, mientras que el restante 30 por ciento es mujer y madre que por azares del destino cayó, incluso siendo inocentes, muchas veces por no tener buenos abogados, otras por no tener dinero y algunas por ignorancia y desconocimiento de las leyes.
“Influye mucho la mala orientación y el mal corazón de los abogados que en lugar de arreglar a la buena, por una deuda te quieren arruinar”, cita Amanda V. quien está recluida tres años y tres meses sin sentencia.
Edelfrida M, asegura ser otra víctima de la maldad. “Yo vendí un lote a 8.500 dólares, pero como el señor solo me dio una seña de 2.500 y nunca me pagó yo lo hice gravar mi terreno y me metió a la cárcel por estafa”, cita señalando que ahora atraviesa seis procesos más por delitos como falsedad material, entre otros que no recuerda y le impiden acortar su pena en reclusión. Condenadas a 30 años, con varios procesos en curso, o atoradas en procesos administrativos, estas ocho mujeres que aún continúan recluidas en Cochabamba no pierden la esperanza de que haya alguna salida que les permita pasar el ocaso de su vida en libertad.
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