domingo, 25 de octubre de 2015

“Me echaron de mi hogar, donde he vivido 56 años”

El testimonio de Celia Rocha refleja la violencia que sufren centenares de adultos mayores en Cochabamba, cuando sus hijos, por ambición, los despojan de sus bienes materiales.

En el municipio de Quillacollo, la unidad de Apoyo al Adulto Mayor atendió mil denuncias de maltrato en la gestión 2014, de las cuales el 60 por ciento se trataba de despojo.

Una pequeña carpa, de poco más de dos metros cuadrados, se ha convertido en el hogar temporal de Celia Rocha, una mujer de 73 años que se encuentra en la calle a causa de la codicia de uno de sus hijos.

Un par de frazadas, almohadas y una botella de plástico para abastecerse de agua son algunos de los enseres personales que ha podido conservar, desde el día en que -rememora- fue prácticamente echada a empellones de su propiedad.

"Nos han sacado a la calle. Ahora estamos viviendo en esta carpa que nos han obsequiado unos estudiantes", afirma Celia con la voz quebrada y sin poder contener unas lágrimas que empiezan a deslizarse por su rostro curtido por el sol.

Respira profundo para recuperar el aliento y se acomoda en un taburete de plástico blanco. Recuesta su espalda en el tronco de una planta que le sirve como respaldo de una silla y que le protege del sol abrasador de mediodía. Retoma el hilo de su relato.

"Mi hijo me dice que ha vendido la casa porque asegura que es de él", repite una y otra vez Celia, mientras su mirada se fija en la puerta principal de su casa, la cual está clausurada por dentro y ella no tiene la menor posibilidad de franquearla.

Celia es menuda. Mide no más de 1.45 metros. Es de contextura mediana y sus ojos están enrojecidos por el sol y el cansancio de las muchas noches que ha pasado en vela, debido a la preocupación y el temor de dormir a la intemperie, sobre la acera.

INFORTUNIO

Celia y su hija mayor fueron echadas a la calle el pasado 17 de agosto. Un grupo de 16 personas, supuestos nuevos dueños, y tres de sus hijos ingresaron intempestivamente al predio para desalojarlas.

"Ese día me encontraba sentada y sin consideración pasaron sobre mí y nos han sacado a empujones, a golpes", se queja.

A consecuencia de los golpes que le propinaron, la mujer fue llevada al médico forense y después de la valoración le dieron ocho días de impedimento.

Ahora, tras permanecer 70 días en la acera, solo puede mirar por fuera el hogar que la cobijó durante 56 años. Recuerda que hace más de medio siglo adquirió junto con su esposo el lote de 822 metros, donde después construiría su vivienda "con mucho sacrificio y gracias a mi trabajo de comerciante".

El drama de Celia comenzó cuando uno de sus hijos logró obtener los papeles de su casa y con ellos vendió parte de la propiedad a unos vecinos. Hace un poco más de dos meses, los nuevos dueños llegaron para tomar posesión, por la fuerza, de este bien inmueble.

Celia denunció su caso a la Justicia e inició un proceso en contra de sus hijos por maltrato y despojo de vivienda. Espera pacientemente una respuesta del juzgado.

MALTRATOS A

LA ORDEN DEL DÍA

El 60 por ciento de las denuncias que llegan hasta la unidad de Apoyo al Adulto Mayor del municipio de Quillacollo se refiere a despojo de vivienda, es decir, los padres son desalojados de sus hogares por sus hijos, con engaños.

El encargado del área social de esta unidad, Héctor Nuñez, afirma que el problema del despojo es recurrente en Quillacollo. En la gestión 2014 atendieron aproximadamente 1.000 denuncias, de las cuales 600 se trataban de despojos de vivienda.

"Los hijos echan a sus padres a la calle con maniobras al margen de la ley, vulnerando su derecho propietario y utilizando la violencia", denuncia.

OTRAS HISTORIAS

Nuñez dio a conocer historias de maltrato y violencia que se ejerce contra los adultos mayores en comunidades de Quillacollo.

Es el caso, por ejemplo, de una anciana que fue despojada de sus tierras en la zona de Tambo, al norte de Quillacollo, en la zona alta, camino a Liriuni.

La anciana ya no puede labrar su tierra, por lo que los dirigentes de la zona le obligan a realizar trabajos comunitarios. Pero como la mujer no tiene la suficiente fuerza para cumplir a cabalidad esta tarea, los dirigentes le imponen multas.

El castigo para la anciana -menciona Nuñez- es el despojo de sus tierras. "Y como la mujer no quiso firmar los papeles para ceder sus terrenos, los dirigentes de la zona la colgaron de un árbol y la flagelaron". Un grupo de familiares empezó a invadir sus tierras y a repartirse la propiedad de la mujer.

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